En: http://ciperchile.cl/2012/02/17/la-privatizacion-de-las-aguas-en-chile-viola-los-derechos-humanos
A esta altura resulta ser un lugar común sostener que el agua es
esencial para la vida, la preservación de los ecosistemas y el
desarrollo y bienestar de las comunidades. Por lo mismo, es de sentido
común entender y declarar que el acceso al agua es y debe ser
considerado un derecho humano, que forma parte de las garantías
indispensables para asegurar un nivel de vida digno y adecuado, ya que
es una de las condiciones necesarias para asegurar la pervivencia de la
sociedad.
América Latina está viviendo un proceso creciente de toma de
conciencia en torno al derecho esencial de acceder al agua.
Movilizaciones masivas como las que se han desarrollado en Argentina o
en Perú, indican que los pueblos están tomando la decisión de ejercer
soberanía sobre sus recursos hídricos.
La lucha por la promoción y defensa de los Derechos Humanos ha estado
asociada a la condición singular de cada ser, a su dignidad. De esta
condición se deriva un número importante de libertades y derechos, los
que tienen por misión salvaguardar la esencia de cada persona,
estableciendo límites, obligaciones y deberes al Estado, así como
también a los demás sujetos que conviven dentro de una comunidad.
Los derechos humanos son el resultado de la lucha incansable de la
humanidad por alcanzar condiciones de vida adecuadas. El respeto por
ellos trasciende los sistemas políticos y jurídicos. En rigor, es un
asunto de ética y de decencia. Y el agua, por ser esencial para los
seres humanos, se encuentra íntimamente relacionada en cuanto a su
acceso, suministro y potabilidad, al desarrollo de la vida en
condiciones dignas.
La
carencia de agua, la falta de abastecimiento continuo para usos
personales y domésticos y la negación a su acceso por razones de sexo,
raza, edad, condición social o económica, son factores que atentan
directamente contra la vida de las personas y las poblaciones. También
lo son su uso no adecuado y su insalubridad.
El agua debe ser garantizada en todos sus aspectos. Su negación por
acción u omisión o por falta de acciones del Estado, objetivamente
atenta contra los seres humanos.
A propósito de todo lo anterior, el agua no puede ser considerada un
simple compuesto ni como un elemento importante en la elaboración de
estrategias. Tampoco puede ser considerada como un recurso natural
renovable, un bien comercial, una mercancía o un bien económico.
En Chile, el Código de Aguas
que se formuló durante la dictadura en 1981 –y que sigue absolutamente
vigente–, considera a las aguas como un bien social, pero también como
un bien económico. Separa la propiedad del agua del dominio de la tierra
y le transfiere la prerrogativa al Estado de que sea éste quien concede
los derechos de aprovechamiento de aguas a privados de forma gratuita y
a perpetuidad, dando origen al mercado de las aguas.
Ese mismo cuerpo legal creó dos categorías de derechos de
aprovechamiento de aguas: consuntivas y no consuntivas. La diferencia
entre ambas radica en la obligatoriedad de devolver o no devolver un
caudal al río. Hoy, el 90% de los derechos de aprovechamiento de
aguas consuntivas (no devuelven un caudal al río) se encuentra en manos
de empresas mineras y agroexportadoras, mientras que prácticamente el
100% de los derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos
(devuelven un caudal al río) se encuentra en manos de transnacionales
como ENDESA.
Mención especial es lo que sucede con la provisión de agua potable a
la población. En América Latina, y durante la década de los ‘90,
gobiernos neoliberales liderados en su momento por Alberto Fujimori en
Perú, Gonzalo Sánchez de Losada en Bolivia o Carlos Menem en Argentina,
iniciaron la privatización de las empresas sanitarias, iniciativa que en
Chile tuvo su correlato durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle,
concertacionista que inició la privatización del agua potable.
Actualmente, este proceso se encuentra prácticamente concluido, ya que
el gobierno de la Alianza, en menos de dos años, ha terminado de vender
la participación fiscal en las empresas sanitarias Aguas Andinas,
Essval, Essbio y Essal.
El 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivas está en manos de empresas mineras y agroexportadoras, mientras que casi el 100% de los derechos no consuntivos se encuentra en manos de transnacionales como ENDESA.
Las iniciativas privadas mineras, agrícolas, eléctricas, o el afán de
lucro de las empresas sanitarias, no se condicen con la necesidad
humana de acceder al agua. La Constitución Política de la República de
Chile consagra el carácter privado de las aguas, y como tal, el Estado
de Chile no salvaguarda el bien común. Por el contrario, deja librado al
mercado los enormes conflictos que se viven en las diversas hoyas
hidrográficas del país. Un ejemplo de esto es lo que sucede en el patio
trasero de la V Región, en la Provincia de Petorca.
La Ligua, Cabildo y Petorca son hoy el reino de Machiavello: en estas
comunas se aplica el principio “el fin justifica los medios”; agua a
cualquier precio para aumentar la plusvalía de los empresarios agrícolas
y mineros, en detrimento del acceso al agua para bebida de la
población.
Drenes y pozos sin agua legalmente constituida agotan las napas
subterráneas, cerros plantados hasta el infinito con paltos de
exportación, cuencas sobreexplotadas, institucionalidad indolente e
incapaz, presiones, amenazas, castigos, políticos y empresarios
coludidos para usurpar agua; zanahoria y garrote: zanahoria para los que
hacen la vista gorda ante el robo de agua y garrote para los que luchan
para restituir el imperio de la ley en los ríos de la provincia de
Petorca. Garrote también para los que luchan por un derecho humano
esencial e imprescindible para las personas: nada más ni nada menos que AGUA.
Chile es el único país del mundo que tiene sus aguas privatizadas. La
vigencia del Código de Aguas es de una inequidad feroz, tan feroz como
la defensa que se hace de la propiedad privada sobre el agua. Políticos
transformados en apóstoles de la causa privada del agua, autoridades que
llaman a cuidar el agua, bombardear nubes o construir carreteras del
agua, soslayando el problema de fondo. En Chile se lucra con un bien
nacional que debería ser de uso y dominio público, atentando contra los
derechos humanos de chilenas y chilenos. Los hechos son más elocuentes
que mil palabras.
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